La mafiosidad gana terreno en América Latina (Parte II)

El crimen organizado se consolida y el centro de estudios Wilson Center propone diez acciones concretas para combatirlo: recuperar los territorios, contener los mercados ilegales locales, capturar y procesar a los empresarios y funcionarios vinculados al delito, fortalecer la institucionalidad y resguardar a los jóvenes son algunas de las sugerencias. El programa Innovación Política de la Fundación Avina apoya iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil que coinciden con el autor de la investigación.

Continuando con el análisis del documento apoyado por el centro de estudios Woodrow Wilson Center elaborado en marzo de 2012, titulado “La rebelión de las redes criminales: El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican” de Juan Carlos Garzón Vergara (ver InContext 35), ofrecemos las recomendaciones que el autor elaboró en función del diagnóstico y sus conclusiones.

 

Las diez recomendaciones que siguen, son un interesante aporte al desafío que plantea a la sociedad civil en general y a los gobiernos en particular el crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica.

• “Cambiar la manera de medir los ‘éxitos’: la contabilidad de muertes, capturas e incautaciones, debe ser complementada con un enfoque que priorice la presencia institucional, la recuperación de territorios,  y la afectación de las comunidades en las que se asientan las economías ilegales. De nada sirve capturar líderes de carteles, millares de criminales y confiscar cientos de armas, si al final del día las zonas donde opera el crimen organizado permanecen y los contextos de ilegalidad no son afectados por la acción estatal.”
• “Contener la expansión de los mercados ilegales locales: El énfasis en el combate a los mercados ilegales internacionales ha estado puesto en interrumpir el tráfico desde las zonas de producción hacia las zonas de consumo. Muy poca atención se le ha prestado a la formación de los mercados locales, los cuales cada vez más se constituyen en las alternativas para las estructuras criminales locales. La responsabilidad que asuman los ciudadanos sobre las consecuencias de consumir mercancías ilegales -cuyas ganancias pueden terminar financiando a las estructuras criminales- puede contribuir a su contracción”.
• “Profundizar el combate contra el crimen organizado: atacar los “agujeros negros”: Un primer paso es plantear el debate sobre quién se beneficia de la actividad criminal, a dónde se dirigen los recursos de los mercados ilegales y quién los controla. Continúa siendo una rareza la captura de empresarios, funcionarios públicos o candidatos que tienen vínculos con las actividades criminales. El financiamiento ilícito de campañas, el lavado de activos, la destinación de recursos estatales a facciones del crimen, las empresas que se benefician con la comercialización de productos químicos para la producción de cocaína y drogas sintéticas, así como la proliferación, venta y circulación de armas ligeras, siguen constituyendo “agujeros negros” en el combate del crimen organizado trasnacional.
• “Trascender el monólogo del narcotráfico y enfrentar a las economías ilegales en su conjunto: Las discusiones sobre cómo enfrentar al narcotráfico han sido un monólogo en varios sentidos: generalmente se plantean desde una sola posición (ya sea prohibicionismo, legalización, “mano dura”, prevención) que no entra en diálogo con los demás y casi siempre, toma como un dato marginal la conexión del narcotráfico con otras economías ilegales. La evidencia muestra que otras economías ilegales están en expansión y que las facciones criminales han optado por tomar control de otras actividades ilegales, lo cual les ha permitido comenzar a romper la dependencia con el tráfico de drogas.”
• “Llenar los vacíos de poder con institucionalidad: la ofensiva estatal debe ser respaldada con instituciones que restablezcan los lazos de confianza con la ciudadanía, reconociendo las capacidades de las comunidades y sus necesidades. La pregunta de fondo es si los estados de América Latina tienen la capacidad de llevar la presencia institucional  a las comunidades apartadas y a los lugares donde el crimen tiene el control. La respuesta a este interrogante pasa por dos cuestiones claves: la eficacia y transparencia en el manejo de los recursos y el compromiso de las élites políticas y económicas del financiamiento necesario para cumplir sus funciones básicas.”
• “Prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las estructuras criminales: La renovación de las estructuras criminales ha tenido como uno de sus principales motores el reclutamiento de jóvenes, la mayoría provenientes de las zonas marginadas de las ciudades de América Latina. Una prioridad es establecer el sistema de alerta temprana que advierta sobre la cooptación de jóvenes por parte de las facciones criminales y que permita identificar las zonas más afectadas. El desafío en el largo plazo es brindarle a estos jóvenes oportunidades de empleo; en lo inmediato, procurarles protección”.
• “Blindar a la informalidad de la influencia del crimen organizado: En términos ideales la meta debería ser disminuir la informalidad a sus mínimas proporciones. En lo inmediato, la prioridad es blindar la informalidad de la influencia del crimen organizado, lo cual pasa en primera instancia por evitar criminalizar a los ciudadanos que se ocupan en este sector y establecer un diálogo con representantes de las principales “agremiaciones informales” para identificar mecanismos de protección que prevengan la penetración de las facciones criminales”.
• “Establecer sistemas de monitoreo de desertores de la policía y el ejército en zonas de influencia del crimen organizado: La deserción de miembros de la policía y el ejército que pasan a ser parte de las facciones del crimen organizado es una dinámica que se puede monitorear y prevenir. Se requiere de inteligencia y contrainteligencia, así como incentivos para miembros de la policía y el ejército que delatan a los reclutadores y penas especiales para efectivos de la fuerza pública que se vean involucrados en actividades criminales”.
• “Interrumpir el influjo de armas: Legislar castigos más severos para la compra de armas para terceros –o bloquearla con leyes más sólidas- no es la única solución, pero es una parte de ella”.
• “Abrir espacios de ciudadanía en contextos de violencia: Los pobladores locales tienen un papel protagónico en la estrategia de seguridad, lo cual requiere superar el enfoque del ciudadano-informante e identificar y apoyar mecanismos de resiliencia e iniciativas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social. (…) realizar un análisis detallado de las dinámicas de poder local, los actores y las relaciones; desarrollar estrategias de intervención que tengan en cuenta las particularidades locales (renunciar a las “fórmulas únicas”); reconocer que las respuestas de los ciudadanos no necesariamente son positivas (también pueden reproducir la violencia y las tendencias antidemocráticas); y construir a partir de los recursos comunitarios existentes y de las estructuras que puedan impulsar el cambio”.

El informe del Wilson Center realizado por Juan Carlos Garzón Vergara, además de ofrecer un esclarecedor diagnóstico de cómo el crimen organizado se consolida en América Latina, aporta diez formas de abordar estrategias para combatir al delito organizado en marcos de institucionalidade.

 

 

 

 

En ese sentido, el diagnóstico y las estrategias que ofrece el analista colombiano, tienen varias coincidencias o puntos de encuentro con las preocupaciones y temáticas que aborda la iniciativa de Innovación Política de Avina. En primer lugar alude a problemáticas que hemos identificado como existencia de brechas políticas, particularmente la brecha entre el acceso electoral y el ejercicio concreto del poder, donde los estados han mostrado serias dificultades en producir gobiernos efectivos para la provisión de bienes públicos, comenzando por la seguridad. También se destaca el dilema entre las estrategias de combate al crimen organizado y la dificultad del Estado por ampliar su presencia en zonas o territorios, lo que hace referencia a la brecha entre los llamados a recuperar el rol del Estado y sus capacidades reales.  Otra de las brechas centrales que hemos identificado se refiere al creciente despertar y activismo de la sociedad civil, pero reconociendo a la vez su déficit de efectividad para incidir en procesos y políticas, lo que se revela con claridad cuando se trata de dar respuestas a los contextos de inseguridad y violencia criminal.

 

Frente a tales desafíos, la Oportunidad de Innovación Política –gestada en procesos colaborativos entre Avina y sus aliados- ha diseñado una estrategia novedosa que proviene de la experiencia acumulada del contacto con las situaciones y procesos reales de los contextos. A través de tres programas o ejes de acción (fortalecimiento de capacidades estatales para el bien público; articulaciones democráticas en la sociedad civil frente a la violencia criminal; nuevos liderazgos y formas de hacer política), busca promover estrategias innovadoras para consolidar al estado democrático. Así es como en Argentina se desarrollan métodos innovadores para que la sociedad civil actúe de manera más efectiva en un contexto de creciente para-institucionalidad, donde el crimen organizado -y desorganizado- han incrementado su presencia y poder. En México se impulsan procesos colaborativos entre líderes y actores sociales y empresariales para desarrollar estrategias innovadoras de valorización del sector público y de la capacidad estatal para asegurarlo, produciendo indispensable gobernabilidad en democracia. En Uruguay se exploran procesos emergentes donde la sociedad civil ha revalorizado la acción política como vía para el cambio social, en diálogo con los distintos partidos políticos. En Brasil los recientes procesos de movilización social exigiendo reformas políticas nos animan a apoyar la idea de cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a canalizar pacíficamente esas demandas y convertirlas en propuestas viables.

 

Desde Innovación Política hay un aspecto central y cada día más evidente: frente a los problemas complejos que destaca Garzón, las soluciones convencionales son limitadas y las estrategias de cambio político requieren de políticas de cambio, algo fácil de decir, pero un enorme desafío para la gestión política y estratégica del desarrollo sostenible y la seguridad humana. En la actualidad la práctica política –salvo contadas excepciones- es parte del problema y no de la solución; éste debería ser el punto de partida para repensar el mencionado desafío.

 

Se debería tratar de contribuir a la sostenibilidad de los procesos y transformaciones sociales acortando las distancias de reflexión y acción entre lo que significa hoy ser un sujeto social y un sujeto político en América Latina, en el marco de derechos humanos universales.  Avanzar en nuevos acuerdos sociales que revaloricen la acción política como un valor ético y necesario para la sostenibilidad y bienestar futuros. Justamente en una América Latina donde se agudizan los obstáculos que impiden crear sociedades más justas, como lo anota Garzón, aparece una oportunidad única de mejorar y afianzar la política y su ejercicio con altos estándares de monitoreo, derechos y responsabilidades ciudadanas, donde la política es un asunto público.

 

Las estrategias identificadas por el experto del Woodrow Wilson Center son un buen camino que bien valdría explorar, no sin antes sugerir que las propias estrategias requieren de métodos de implementación que estén lejos de miradas puramente tecnocráticas y más cercanas a la vida cotidiana de la ciudadanía y a una concepción integral del accionar del Estado para enfocar el tema de la seguridade.

 

Envío N° 36

Fuentes:

• http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Garzon.Rebellion.ESP_.pdf 

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Fonte do artigo: InContext, Fundación Avina
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