É preciso melhorar a governança florestal para proteger os bosques

Afrormosia trees in the Democratic Republic of Congo. Axel Fassio, CIFOR

Si no se aborda con urgencia la mejora de la gobernanza forestal, seguiremos perdiendo bosques

Si bien existen en todo el mundo ejemplos alentadores de buena gobernanza forestal, una que procura una mayor transparencia, garantiza el cumplimiento de la ley y el establecimiento de medidas para frenar la tala ilegal, el avance es demasiado lento para reducir la deforestación significativamente.

Una prueba de ello es el hecho de que la tasa anual promedio de pérdida de bosques naturales entre 2014 y 2017 fue 42 por ciento más alta que durante la década anterior.

Esta es una de las conclusiones de una evaluación del Objetivo 10 de la Declaración de New York sobre los Bosques (NYDF, por sus siglas en inglés), que reconoce el vínculo entre gobernanza y deforestación y compromete a los firmantes a “fortalecer la gobernanza forestal, la transparencia y el estado de derecho, a la vez que se empoderan a las comunidades y se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos referidos a sus tierras y recursos”.

Los Socios Evaluadores de la NYDF, incluyendo el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), han analizado el avance en ocho indicadores de gobernanza forestal, que es el eje de uno de los 10 objetivos contenidos en la declaración. La NYFD fue puesta en marcha en 2014 y ha sido respaldada por 190 gobiernos, corporaciones, ONGs y organizaciones de pueblos indígenas que buscan detener la pérdida de bosques naturales para el año 2030.

“Las mejoras son insuficientes en relación a lo que se necesita para abordar los enormes desafíos de la gobernanza, que siguen permitiendo la deforestación y limitando los esfuerzos para mejorar la conservación y manejo de bosques”, dijo Ingrid Shulte, coordinadora de los Socios Evaluadores de la NYFD y coautora del informe.

El documento desarrolla los tres ámbitos principales de interés: estado de derecho y delitos forestales; transparencia, participación y acceso a la justicia; y derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.

LEYES: DEL PAPEL A LA REALIDAD

Las leyes nacionales que protegen los bosques son insuficientes, contradictorias o limitadamente aplicadas por parte de instituciones locales mal equipadas. El análisis señala que mucha de la deforestación tropical es ilegal, especialmente en zonas donde la agricultura comercial impulsa la pérdida de árboles.

“En dos tercios de los principales países productores de madera y en todos los países que son los mayores productores tropicales de aceite de palma, soya y carne de vacuno, existe un riesgo considerable de que una o –en la mayoría de casos- varias leyes forestales sean infringidas en su producción”, resalta el documento.

Por ejemplo, Indonesia y Brasil son los dos mayores productores de materias primas que ponen los bosques en peligro y también los países con la más elevada pérdida de bosques. Países que tienen casi la mitad del área forestal tropical del mundo han reforzado sus leyes y políticas para enfrentar la tala ilegal, pero no es suficiente, según hallaron los Socios Evaluadores de la NYDF.

“La mayoría de países padecen de grandes inconsistencias en su legislación forestal o en la legislación que regula los sectores que impulsan la deforestación. Incluso, algunos también carecen de voluntad política para implementar estas leyes”, establece el informe.

La corrupción dentro y alrededor de los bosques es igualmente enorme. El riesgo de tala ilegal es mayor en los países tropicales pero sigue siendo un problema en otras partes del mundo.

Según el estudio, se estima que el 20 por ciento de la explotación forestal en Rusia es ilegal, al igual que sucedió con un cuarto de la tala en Rumania –hogar de algunos de los bosques más antiguos de Europa– entre 1990 a 2011.

“En otros países desarrollados, tales como Canadá, la mayor parte de la tala de árboles es legal pero frecuentemente no sostenible, ya que presenta amenazas a las reservas de carbono y a los derechos de los pueblos indígenas”, sostiene el análisis.

EL COSTO DE UNA GOBERNANZA DEFICIENTE

Las cadenas de abastecimiento agrícola y maderera tienen un rol importante para asegurar la protección y el manejo sostenible de los bosques, al igual que la cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, indica el informe.

Por ejemplo, gobiernos y empresas han empezado a adoptar políticas para eliminar la deforestación causada por las cadenas de suministro de aceite de palma y soya, entre otros productos.

Las regulaciones a partir de la demanda, que prohíben la venta e importación de madera ilegalmente extraída en mercados como EEUU, Europa y Australia han logrado notable éxito y las economías emergentes en Asia también han comenzado a adoptar una legislación similar.

Así, China, Indonesia, Malasia, Corea del Sur y Vietnam han dado pasos prometedores, pero el análisis recalca que las leyes en esos países “tienen vacíos legales potenciales y débiles mecanismos de aplicación”.

La adecuada gobernanza forestal permite la implementación de leyes y políticas para enfrentar la deforestación, así como la toma participativa e informada de decisiones. Esto es importante porque una gobernanza deficiente trae consecuencias negativas para las personas y el planeta.

“Se estima que los ingresos que se omiten a causa de la evasión de impuestos, la pérdida de los servicios ecosistémicos y los conflictos con las comunidades forestales causan pérdidas económicas de más de 17 mil millones de dólares estadounidenses por año”, sostiene el estudio.

UN SECTOR POCO CLARO

¿Qué beneficios proporciona la información disponible relacionada a los bosques en los países si las personas para las que más importa no la pueden entender o utilizar para mejorar las políticas y prácticas? El análisis sostiene que, con frecuencia, la información no está disponible en formatos o lenguajes accesibles a los grupos vulnerables, que los gobiernos pueden negar y de hecho niegan acceso a ella arguyendo razones de interés nacional, y sólo unos pocos gobiernos la divulgan proactivamente.

“Un número cada vez mayor de países está adoptando leyes que dan a los ciudadanos el derecho a acceder a la información sobre los bosques. Sin embargo, y en general, el sector forestal permanece relativamente nublado”, resalta la evaluación.

Existen dificultades similares en relación a los procesos participativos. La mayoría de países establecen procesos de consulta sobre políticas y proyectos forestales, pero a menudo son, dice el informe, “demasiado técnicos y desvinculados de la toma de decisiones en concreto. Además, los gobiernos no tienen la obligación de tomar en cuenta las observaciones proporcionadas por los actores interesados”.

Las mujeres y otros grupos vulnerables sufren las consecuencias pues no sólo tienen menos probabilidades de participar en la toma de decisiones en temas forestales, sino que también tienen menos acceso a justicia real, así como a tierras y derechos de tenencia forestal.

El reporte señala que los recursos judiciales y administrativos son con frecuencia demasiado costosos y lentos para brindar protección legal efectiva, e incluso los mecanismos informales de reclamo están fuera del alcance de los grupos más vulnerables.

Otro motivo de preocupación es la falta de transparencia y limitada rastreabilidad de las cadenas de abastecimiento de los productos agrícolas, lo que hace difícil monitorear los compromisos corporativos para enfrentar la deforestación.

“Muchas empresas siguen renuentes a compartir información y la que brindan es muchas veces vaga, incompleta o está oculta en reportes de sostenibilidad”, establece el estudio.

Desde el lado positivo, un pequeño grupo de grandes empresas, incluyendo a Unilever y Nestlé, ha empezado a revelar información de su cadena de abastecimiento, especialmente en el sector del aceite de palma.

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES

Los pueblos indígenas y las comunidades locales administran al menos 17 por ciento del total del carbón almacenado en los bosques de 64 países evaluados, lo que es equivalente a 33 veces las emisiones energéticas globales de 2017. Sin embargo, se estima que entre 33 y 39 por ciento de la tierra ocupada o usada por estos grupos no ha sido reconocida legalmente por los gobiernos, situación que pone los bosques y los medios de subsistencia en peligro.

“El frágil reconocimiento de los derechos de tenencia, el incumplimiento del principio de consentimiento libre, previo e informado así como la creciente demanda de tierra han conducido a un incremento de los conflictos por tierras y a cada vez mayores peligros para las comunidades que defienden sus derechos de propiedad”, señala el informe y menciona que las comunidades enfrentan cada vez más criminalización por proteger sus derechos.

Por ejemplo, solo 16 de 60 países examinados por el equipo de evaluación pedían legalmente a las empresas que obtengan el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.

Esto resulta particularmente preocupante debido a que los datos geoespaciales muestran que de 93 a 99 por ciento de las concesiones en los mercados emergentes están en zonas habitadas.

Según los autores, las comunidades vulnerables necesitan asegurar su tenencia de tierras, pero también sus conocimientos técnicos, su capacidad empresarial, su acceso al mercado y organizaciones sólidas para poder beneficiarse comercialmente de los bienes y servicios forestales.

“El respaldo para fortalecer las organizaciones comunales que dependen de los bosques ha posibilitado rápidos avances en desarrollo y acceso a los mercados y financiamiento”, asegura el informe. También menciona que los gobiernos podrían intensificar los esfuerzos para apoyar a las organizaciones rurales habilitando marcos legales y políticos. El crecimiento de la población, junto con una producción no sostenible y los modelos de consumo, están aumentando la presión sobre los bosques del mundo. Se pueden mejorar las leyes, fortalecer las instituciones, asegurar los derechos sobre la tierra y escuchar las opiniones. Se puede mejorar la gobernanza forestal, pero para reducir la deforestación se tendrá que acelerar.

Accede a un resumen del informe en español en AQUÍ.

Fonte: Landscape News