La mafiosidad gana terreno en América Latina (Parte I)

El delito organizado ha convertido la mafiosidad en contabilidad creativa para disfrazar; en justicia enceguecida para absolver; en estado capturado para permitir; en funcionarios corruptos para sobornar; en violencia masiva para amedrentar. InContext presenta dos informes basados en un estudio apoyado por el Woodrow Wilson Center sobre la forma en la que operan las organizaciones criminales en América Latina. En esta primera entrega, el diagnóstico: la ilegalidad organizada ya no es un negocio aislado sino un mercado en expansión.

 

El centro de estudios Woodrow Wilson Center elaboró en marzo de 2012 un documento titulado La rebelión de las redes criminales: El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican. Su autor, Juan Carlos Garzón Vergara, describe cómo se organiza la rebelión del delito en la región, a partir de cambios sustanciales que posicionan a las redes delictivas “como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático”.

 

“La rebelión de las organizaciones criminales se caracteriza por:

• Disputas entre facciones criminales que optan por competir antes que llegar a acuerdos;
• Grupos criminales que responden con represalias a las acciones estatales;
• Actores “legales” que pretenden tener una mayor participación de las actividades criminales;
• La expresión violenta de la densidad criminal y la acumulación social de la violencia y la ilegalidad;
• El desplazamiento de los Capos por los intermediarios (brokers).”

“La densidad criminal es definida (…) como la existencia de organizaciones ilegales, con presencia territorial, que cuentan con recursos financieros y armados suficientes para dañar (con violencia o corrupción) la institucionalidad local y -en algunos casos- nacional. La acumulación social de la violencia y la ilegalidad, se refiere al efecto que tiene la existencia de organizaciones criminales en las actitudes de los ciudadanos, sus valores y su percepción sobre la legalidad (por ejemplo, la tolerancia a la violencia y el bajo respeto al cumplimiento de la ley). Densidad y acumulación son dos conceptos que ayudan a explicar la persistente presencia del crimen organizado en América Latina.” En otras palabras, la combinación de la iniciativa ilegal y la pasividad o indiferencia social generan las condiciones para el imperio de la mafiosidad(*).

Un hecho que destaca Garzón Vergara es que el delito opera en el nivel local como mafias y en los planos nacionales y regionales como empresas, con estructuras más fluidas, flexibles y menos jerárquicas. El tradicional capo hoy comparte poder con los intermediarios, “aquellos que permiten la conexión de las facciones ilegales con las instituciones legales”.

¿Qué ha llevado a las redes criminales a modificar sus estrategias? El estudio revela cuatro motivos:

 

“a) Los vacíos de poder que resultan de la implosión de las estructuras criminales y de la acción del Estado en contra de estas organizaciones; b) La disponibilidad de redes clandestinas con experiencia en el tráfico de bienes y servicios ilegales; c) La consolidación de mercados locales ilegales emergentes, con una oferta creciente y una demanda constante de productos y servicios ilegales; d) Las ofensivas del Estado en medio de la fragilidad institucional y la disposición de las redes clandestinas a confrontar al Estado.”

El vacío de poder

“Las capacidades de los Estados de América Latina son limitadas y difícilmente podrán sostener una ofensiva contra todas las organizaciones criminales en un mismo momento. Generalmente, las acciones se dirigen contra una porción de las agrupaciones criminales, con lo cual, las demás estructuras obtienen una ventaja. La ofensiva estatal no necesariamente produce una desbandada de delincuentes que optan por dejar las actividades ilegales, sino que es una oportunidad para la renovación de las estructuras y la emergencia de facciones ilegales que se habían mantenido hasta ahora subordinadas”.

“El crimen organizado no se define como la existencia de una estructura específica, sino como un sistema de relaciones. La facción criminal -llámese cartel, banda, comando o mara- es la parte más visible del sistema, pero en modo alguno constituye su totalidad. En la base, se encuentran un conjunto de relaciones complejas, que establecen conexiones entre el mundo legal e ilegal, que se asientan en las deficiencias de los Estados, emergiendo como poderes autónomos basados en la ilegalidad.”

“Alan Block lo denomina el ‘sistema social’ del crimen organizado” conformado por “los servicios recíprocos en los que se involucran delincuentes profesionales, los políticos y los clientes”. Seguidamente el autor señala que “la red criminal está presente antes de que la actividad criminal ocurra y permanece luego de que la transacción ilegal ha terminado. Las redes clandestinas incluyen: políticos ligados a actividades criminales, jueces y fiscales dispuestos a cambiar sentencias por dinero, policías y militares que participan de la economía ilegal y ciudadanos que consumen mercancías y servicios ilegales”.

Redes de comercio clandestino

“La aparición de una ‘nueva’ organización criminal, generalmente se asienta sobre estas redes: el contrabando, la corrupción, el clientelismo: sistemas de relaciones que emergen por fuera de la legalidad, como esferas de poder autónomo.”

“La delincuencia organizada no tiene el monopolio de la infiltración de las instituciones, el bloqueo y debilitamiento de la justicia o el direccionamiento de los recursos públicos para favorecer personas u organizaciones. Lo que hacen las facciones criminales es aprovechar y profundizar las vulnerabilidades de los estados de América Latina, reproduciendo las relaciones de clientelismo, extendiendo las redes de corrupción y reduciendo la dimensión pública del Estado”. En otras palabras, hay dos perspectivas “el surgimiento del crimen en zonas de debilidad estatal y el surgimiento del crimen en alianza con agentes del Estado”, es decir, que ambas perspectivas, estados débiles o ausentes y funcionarios fuertes y corruptos crean las condiciones para la existencia de un mercado ilegal y clandestino manejado por el crimen organizado.

La tesis de Ming Xia plantea que “el crimen organizado opera de acuerdo a las estructuras existentes y toma la decisión de adaptarse o usar estas estructuras o crear nuevas formas de relacionamiento. Bajo esta perspectiva, el crimen organizado puede funcionar en contexto de alta y baja organización social y de alta y baja presencia estatal. La combinación de estas opciones puede llevar a cuatro escenarios posibles:

• Crimen Aislado: En este escenario el estado está ausente y no hay un tipo específico de organización social. Un ejemplo es la producción de cocaína en áreas selváticas o el tránsito de bienes ilegales a través de zonas deshabitadas, sin presencia institucional.
• Estado Criminal-Autoritario: Combina instituciones estatales que han sido capturadas en contextos de desorganización social. El tejido social está desarticulado. Un ejemplo son las zonas en las cuales el crimen organizado en complicidad con el estado ingresa de manera violenta, sin generar vínculos con los habitantes, que quedan sometidos al miedo colectivo.
• Estado Paralelo: El estado está ausente y la sociedad está cohesionada pero en torno a las actividades ilegales. En este caso, el crimen cumple funciones propias del Estado, prestando servicios, resolviendo conflictos e imponiendo orden. Esta situación se puede encontrar en algunas favelas de Río de Janeiro y también en algunas poblaciones en México.
• Sistema Criminal: Tanto el Estado como la sociedad están organizadas en torno a las actividades criminales. La legalidad es desplazada por una cultura de la ilegalidad que ordena las relaciones sociales, políticas y económicas. La comunidad tiene conexiones directas con la economía ilegal. Esta situación se encuentra en zonas con alta presencia del narcotráfico en Guatemala, México, Honduras, pero también en barrios de las principales ciudades latinoamericanas.”

Mercados locales y demanda de ilegalidad

“Un factor común en América Latina es la formación de mercados locales ilegales, que tienen varias ventajas para las facciones ilegales:

• Permiten un flujo de caja constante de fácil acceso;
• Permiten la contratación de mano de obra local, lo cual provee a estas organizaciones de una base social;
• Son vehículos efectivos para el lavado de activos;
• Su interacción con la informalidad potencia la capacidad de infiltración en la economía legal”.

“El narcomenudeo ha sido identificado por las autoridades a lo largo del continente como una de las principales causas de inseguridad pública, asociado con el aumento de delitos por parte de jóvenes adictos que buscan financiar el consumo por medio del hurto y otras acciones.”

“Cuatro cambios han fomentado el surgimiento de marcados locales de drogas ilícitas. Primero, el desarrollo de planes de interdicción y el aumento de las acciones para incautar cargamentos de estupefacientes, han obligado a los narcotraficantes a ofrecer sus productos en el mercado interno. Segundo, la utilización de las drogas ilícitas como forma de pago en el mundo ilegal. Tercero, la decisión de los traficantes de pasar de comprar materia prima (hoja de coca) a comprar droga procesada, lo que ha llevado a campesinos y comunidades a hacerse cargo del procesamiento (proliferación de cocinas artesanales). Cuarto, la apertura de nuevos corredores que tienen a las ciudades como lugares de acopio, tránsito y embarque –corredores que tienen dos destinos principales: Estados Unidos y Europa.”

“Ahora los criminales apuestan a tener mercados locales para sus productos, formar una base social a partir de la marginalidad de las sociedades latinoamericanas, aprovechar la informalidad para lavar sus activos y tomar ventaja de la apertura económica, no solo para poner sus productos ilegales en nuevos mercados (especialmente Europa del Este y Asia) sino también adquirir contrabando a bajo costo. Hay síntomas de que el consumo de productos ilegales en América Latina va en ascenso y que la acción estatal antes que impactar de manera determinante la oferta, lo que ha hecho es forzar su comercialización hacia el interior de los países.”

Fragilidad institucional

En América Latina se utiliza la expresión “Estados fallidos” para definir la incapacidad que han tenido las políticas públicas para enfrentar a las organizaciones mafiosas. Hay tres cuestiones en las cuales los diversos análisis coinciden:

• La debilidad institucional;
• La presencia irregular del Estado en el territorio;
• Su cooptación (en la mayoría de los casos, focalizada y parcial).

Este marco exige “recuperar espacios de estatalidad (entendida especialmente como la recuperación del monopolio de la violencia). El sentido común sugiere que las organizaciones criminales preferirán evitar la confrontación con el Estado, ya que resulta costosa y perturbadora de los negocios. ¿Pero qué ocurre cuando la acción estatal impide el desarrollo de la economía ilegal? En este caso, la confrontación será el resultado del cálculo hecho por la organización criminal de que el costo de tolerar las acciones del gobierno es mayor que combatirle. Lo anterior implica un razonamiento adicional: que la facción criminal supone tener la capacidad de obligar al Estado a hacer concesiones. Este aparece como un escenario altamente probable en países con gobiernos que toman la decisión de confrontar al crimen organizado, pero que no cuentan con la capacidad institucional para hacerlo”.

La institucionalidad que se construya debe diseñar innovadores mecanismos para combatir el crimen organizado sin equipararlo con la insurgencia o los grupos terroristas. Deben centrarse en las características particulares de las organizaciones delictivas que son:

• La motivación del crimen organizado es económica y no política, es decir, su objetivo no es tomar el poder sino usar el poder para el desarrollo de las economías ilegales.
• La violencia es una manifestación del crimen organizado (una herramienta) no un fin en sí mismo.
• El crimen organizado no puede ser definido a partir de las acciones que realiza para responder a la ofensiva del Estado o confrontar a otras facciones ilegales. La realidad es mucho más compleja, con conexiones entre lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, en contextos de debilidad institucional y deterioro de la cultura de la legalidad.
• Las estrategias que basaron sus respuestas en la definición del narcotráfico como insurgencia fracasaron y tuvieron un alto costo, particularmente en lo que se refiere a las violaciones a los derechos humanos.

De esta manera, el informe del Wilson Center realizado por Juan Carlos Garzón Vergara, ofrece un esclarecedor diagnóstico de cómo el crimen organizado se organiza en América Latina.

En la próxima entrega de InContext, aportaremos las diez recomendaciones que el autor elaboró para responder a los desafíos que plantea el combate democrático a la mafiosidad.

(*): La palabra mafiosidad -definida como “cualidad de mafioso”- no está aceptada por la Real Academia Española. Se trata de una castellanización del vocablo italiano: mafiosità.

Envío N° 35

 

Fuentes:

• http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Garzon.Rebellion.ESP_.pdf 

Fonte do artigo: InContext, Fundación Avina

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